El principal grupo de derechos civiles de Estados Unidos busca a indocumentados deportados entre 2009 y 2014 que fueron obligados a firmar una orden de salida voluntaria. El propósito es agregar sus nombres a una demanda colectiva tras un acuerdo prejudicial alcanzado con el gobierno en agosto del año pasado.

El compromiso, firmado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés),  obliga a las autoridades federales a informar a los indocumentados las consecuencias de firmar una “salida voluntaria”.

El paso fue aplaudido con cautela por activistas y abogados, quienes advirtieron que el proceso será lento y habrá que tener paciencia para ver resultados.

“Aunque se llego a este acuerdo, es difícil que las personas afectadas conozcan todos los requisitos”, dijo a Univision Noticias el abogado Ezequiel Hernández. “Y no solo los afectados tienen que identificar y demostrar que fueron forzados, sino que como muchos están fuera de Estados Unidos, no saben a quién acudir para que lleven sus casos”.

“Lo segundo es tener presente que esto lleva tiempo”, agregó. “Y para eso hay que tener paciencia. Y que lo hagan, que los afectados contacten a ACLU porque no van a perder nada si lo hacen”.

ACLU explica que los afectados por las salidas voluntarias forzadas “no son cientos, sino miles” y que la mayoría de los perjudicados fueron deportados a México.

El acuerdo alcanzado por el DHS y ACLU “le dará la oportunidad a las personas deportadas aplicar para volver a Estados Unidos y solicitar la condición legal”, explicó la abogada de ACLU Gabriela Rivera.

ACLU reiteró que el juez de distrito John A. Kronstadt aprobó un acuerdo que estableció el uso de tácticas engañosas utilizadas por los agentes de inmigración que privaron a los que firmaron el «la salida voluntaria» su derecho a un día en corte, y que un juez haya resuelto sus permanencias en Estados Unidos.

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Gráfico que muestra las deportaciones desde 2009 y las estimaciones para el año 2015. Muestra el número de expulsiones hasta el 15 de junio.

En junio de 2013 la ACLU de los condados de San Siego, Imperial y del Sur de California, junto con el Proyecto de los Inmigrantes de ACLU y el Cooley LLP, presentaron la demanda López-Venegas vs Johnson a nombre de los demandantes individuales que fueron injustamente deportados porque agentes federales del DHS daban información errónea y presionaban a inmigrantes mexicanos para obligarlos a firmar su salida del país.

La ACLU señala que los demandantes individuales no tenían antecedentes penales importantes, y que sus lazos familiares pudieron haber ayudado a obtener alivio contra la deportación, pero que los agentes de la Patrulla Fronteriza o funcionarios de ICE no fueron exactos en explicar a los inmigrantes las consecuencias de hipotecar su derecho de ver a un juez de inmigración.

En agosto de 2014 nueve demandantes regresaron al país con el mismo estatus legal que tenían antes de la firma de los documentos. Otros miles pudieran obtener el mismo beneficio si se suman y ganan la demanda colectiva.

La ventana para agregar los nombres de los afectados a la demanda colectiva se abrió el 27 de junio y se cierra el 23 de diciembre.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) estima que durante el periodo establecido en la demanda unos 30,000 indocumentados firmaron documentos de salida voluntaria.

Entre los requisitos para formar parte del el inmigrante deportado tuvo que haber sido expulsado tras firmar su salida voluntaria entre el 1 de junio de 2009 y el 28 de agosto de 2014. También haber sido procesado por ICE en el sur de California o por la Patrulla Fronteriza en el sector de San Diego.

Los afectados deben además demostrar que tenían una razón para permanecer en el país al momento de firmar la salida voluntaria, tal como calificar para el programa DACA (Acción Diferida para los dreamers), haber vivido más de diez años en Estados Unidos y tener hijos, padres o cónyuge ciudadano o residente legal permanente, entre otros.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes reiteraron los llamados de advertencia. “Me parece algo bueno”, dijo a Univision Noticias Gloria Saucedo al comentar nuevamente el acuerdo del año pasado. Pero explicó que las demoras en los procesos de deportación y el encierro en las cárceles de ICE “hacen que hombres y mujeres se desesperen. Y si se suma el desconocimiento del sistema y del idioma, es fácil engañarlos para que firmen la salida voluntaria y pierdan todos sus derechos de permanecer en este país”.

“No aguardan su día en corte. Piensan que saliendo rápido y que la salida es voluntaria, podrán volver a México y tratar de regresar, pero al ser deportados descubren que la vida se les vuelve más difícil”, explicó.

“Los que firmaron la salida voluntaria no sabían que tenían derechos. Y tampoco sabían que al pedir la salida voluntaria les caía encima la Ley del Castigo”, apuntó la activista.

La Ley del Castigo fue aprobada por el Congreso en 1996. Señala que los indocumentados que permanecen más de 180 días indocumentados serán castigados con tres años fuera del país sin derecho a volver previo la gestión de un permiso consular. Y si la permanencia supera los 365 días, el castigo aumenta a 10 años.

Hernández advirtió que las personas que tienen delitos criminales no calificarán para volver a Estados Unidos.

“Aquellos que tenían alivio migratorio en el momento en que fueron deportados, como por ejemplo un caso pendiente de ajuste de estado por medio de un Formulario I-130, tiene familiares que lo pidan, llevaba tiempo en el país, hijos y esposa, podrán eventualmente ser añadidos al acuerdo y reabrir sus casos”, agregó.

“Pero cuidado”, apuntó. “Pasar por este proceso jurídico no necesariamente significa que las personas se puedan quedar aquí”.

ACLU dijo que están escuchando a las personas que  fuero afectadas también en otros estados y están analizando los datos proporcionados.

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Por Jorge Cancino – @cancino_jorge